¿Qué coste tiene una traducción legal o traducir un texto con validez legal?

La movilidad de ciudadanos por todo el mundo conlleva multitud de trámites oficiales en el ámbito civil a ser realizados en los países de destino: elementos que nos resultan tan familiares como un pasaporte o DNI, un expediente académico, una partida de nacimiento o un certificado de matrimonio, deben ser traducidos al idioma de destino del país al que nos traslademos. 

Pero no solo las autoridades locales o judiciales pueden necesitar de estos documentos. Trasladarse a otro país, por ejemplo, conllevará también alquilar una vivienda, abrirse una cuenta corriente o buscar trabajo. Estas entidades requerirán al ciudadano recién trasladado que aporte documentación correctamente traducida y con plena validez jurídica. 

Al ciudadano no le bastará con recurrir a un traductor gratuito para cambiar de idioma tales documentos. Tendrá que recurrir a un traductor con el título de intérprete jurado, debidamente acreditado para certificar la validez legal de la traducción.

El mayor peso a la hora de calcular el coste de las traducciones legales se lo llevan los honorarios del traductor oficial (también denominado traductor jurado), el traductor profesional encargado tanto de trasladar el documento de un idioma a otro, como de acreditar la misma validez legal del texto de origen al texto traducido. 

En España, la facultad que tienen los traductores para dar fe legal de sus traducciones la obtienen gracias a su acreditación por el MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación), tras pasar diversas pruebas y reunir ciertos requerimientos. En otros países, los órganos que acreditan a estos traductores suelen ser tribunales, cortes u otros elementos de sus sistemas legales.

Cada traductor legal establece sus propias tarifas de traducción oficial, que son levemente superiores a las de la traducción técnica o especializada, pudiendo oscilar en una amplia horquilla entre los 0,10 y los 0,20 euros por palabra de origen. En este precio ya se suelen incluir las labores de revisión, ya que el contenido de estos textos es sensible y oficialmente vinculante para el interesado.

Para abordar una traducción oficial o legal, se ponderan al mismo tiempo las tarifas de traducción legal de cada traductor, unidas a las gestiones complementarias que el traductor tiene que realizar sobre el texto (una exhaustiva revisión del contenido, y un envío en papel por carta ordinaria o certificada al organismo que la requiera).

El par de idiomas del proyecto de traducción legal también influirá sensiblemente en el coste total de la traducción: mientras que los honorarios de un traductor de inglés estarán más ajustados, los de traductores de otros idiomas más específicos o minoritarios podrían ser superiores.

En cualquier caso,  el presupuesto se ajusta a cada documento: algunos certificados sencillos de una o dos páginas podrían costar unos 30 euros antes de impuestos, y otros documentos más extensos podrían superar los 150 euros. 

Lo ideal, si necesita saber cuánto cuesta una traducción, es pedir presupuesto gratis.