¿Cuánto cuestan las traducciones jurídicas?

Las traducciones jurídicas (también llamadas traducciones legales) consisten en trasladar de un idioma a otros documentos de índole legal, que pueden ser de ámbito privado (vinculaciones entre empresas o personas físicas) o de ámbito público (relacionados con organismos públicos), y de cualquier rama del derecho (penal, civil, mercantil…).

Para abordar los proyectos de traducción jurídica, los traductores deben conocer multitud de tecnicismos y fórmulas propias del vocabulario legal; este léxico está normalmente plagado de polisemias que tienen un significado jurídico absolutamente distinto al empleado en otros contextos.

Además, cada sistema jurídico tiene sus peculiaridades, y se pueden dar casos de intraducibilidad: hay términos del lenguaje jurídico que carecen de su traducción equivalente en otro idioma porque, simplemente, la persona, acto, documento, órgano o procedimiento que designan no tienen correspondencia en el otro sistema jurídico.

Los traductores jurídicos tienen una doble competencia: conocimientos jurídicos y conocimientos de idiomas.

Por un lado, conocen perfectamente el sistema jurídico tanto del país al que pertenecen como de los correspondientes al idioma de origen. Un punto obligado para un buen traductor jurídico es tener una buena formación académica en Derecho.

Por otra parte, sus competencias en idiomas también son importantes, aunque pasan a un segundo plano y se centran más en realizar una tarea de derecho comparado entre varios sistemas jurídicos. En este sentido, es importante poseer cierto grado de especialización en alguna rama del derecho.

Para saber cuánto cuesta una traducción jurídica, hay que tener varios aspectos presentes.

Normalmente el coste de las traducciones se calcula computando el número de palabras de las que consta el documento original (palabras de origen) y multiplicando esa cifra por la tarifa de traducción correspondiente (precio por palabra).

No existe una estandarización con respecto al mercado del precio por palabra, ya que es cada traductor jurídico o cada agencia de traducción quien fija su precio en el mercado para poder ofrecer un servicio a un precio competitivo.

Sin embargo, no siempre existe una relación lineal entre el precio por palabra y el número de palabras de origen: hay factores que pueden hacer fluctuar el precio final del proyecto de traducción jurídica.

Un factor determinante suele ser la urgencia. Cuando se solicita un proyecto de traducción jurídica en un plazo corto o sensiblemente menor de la media que el traductor o agencia de traducción estiman, podrían incrementar el coste de la traducción para compensar el sobreesfuerzo que implicará completar el proyecto en un menor espacio de tiempo.

Otro factor que influye en el precio de las traducciones jurídicas es el grado de especialización del documento, o lo sensible que vaya a resultar en el uso que se le vaya a dar, ya que esto conllevará más fases de revisión y también encarecerá el precio.

No obstante, es posible que se puedan dar descuentos por volumen de palabras. Normalmente estos procesos de negociación tienen lugar cuando el mismo cliente acude siempre al mismo traductor jurídico o la misma agencia de traducción.